En el último tramo del año debe considerar temas clave en materia de transporte, economía y medio ambiente. Desde el boleto de colectivo y las fotomultas hasta las tasas. En el medio, el 10 de diciembre tendrá lugar la renovación legislativa.
Entre los asuntos pendientes y los que necesita imponer en la agenda el gobierno municipal, de acá a fin de año el Concejo Deliberante tratará proyectos clave en materia de transporte, finanzas municipales y medio ambiente.
La atención estará puesta, en principio, en las comisiones de Transporte, que preside Nicolás Maiorano (UCR); de Legislación, encabezada por Héctor Rosso (Frente Renovador), y de Hacienda, donde el manejo del orden del día lo tiene el hijo del intendente, Guillermo Arroyo (Agrupación Atlántica). Los bloques que integran el oficialista interbloque Cambiemos (Agrupación Atlántica-PRO, UCR y Crear) tienen mayoría en las tres, por lo que el peso de la responsabilidad por la suerte de los expedientes recaerá en ellos.
Maiorano convocó para mañana a las 9.30 a la comisión de Transporte, donde podría haber una definición sobre el aumento que solicitaron las asociaciones de propietarios de licencias de taxis y empezará a tratarse el incremento del boleto de colectivo.
La Sociedad de Conductores de Taxis, la Asociación de Propietarios y Taxicoop pidieron una suba de 26% en la tarifa. Buscan que la bajada de bandera pase a $ 34,80 y la ficha, a $ $ 2,90. La semana pasada, Raúl Vicente, titular de la Sociedad de Conductores, pidió que los concejales “no limen” ese pedido porque los taxis van a sufrir un fuerte impacto con los aumentos del GNC y la nafta. Sin embargo, luego de ser consultada por la comisión del Concejo, el área de Transporte y Tránsito del municipio recomendó un aumento de 22%.
La Cámara de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) presentó el viernes un pedido para que el boleto de colectivo suba un 37,89%, lo que ubicaría la tarifa plana en $ 10,99. Mañana será la primera vez que los concejales verán el expediente en el orden del día de la comisión de Transporte. Lo habitual es que, como en el caso de los taxis, antes de expedirse soliciten un informe al gobierno municipal.
El bloque del Frente para la Victoria, siempre reacio a acompañar el aumento del boleto, se anticipó al pedido de las empresas con una solicitud de informes al Ejecutivo para que detalle cómo se utilizó el Fondo del Transporte, el porcentaje de la recaudación que se destina al arreglo de calles por donde circulan los colectivos.
También mañana, pero a las 10.30, Rosso convocó a la comisión de Legislación para tratar temas sensibles. El primer expediente que figura en el orden del día es el que autoriza al Ejecutivo a suscribir un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional La Plata para llevar adelante el ampulosamente denominado “Programa Municipal Integral de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentables”, que en rigor es la aplicación de fotomultas.
El proyecto estaba empantanado desde el año pasado, pero un acuerdo en el oficialismo para que el municipio se quede con un porcentaje mayor de la recaudación (el convenio determina un 40%) podría destrabarlo. El concejal Alejandro Carrancio (Crear) contó que el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, encaró negociaciones con la Provincia y la UTN para lograr ese objetivo. El edil estimó que esas gestiones fueron “positivas”, pero nada se informó oficialmente al respecto.
Ese no será el único proyecto del Ejecutivo vinculado con las multas de tránsito que tratará mañana Legislación. En la agenda también está la modificación para que las cámaras del Centro de Monitoreo puedan ser utilizadas para captar infracciones de tránsito.
Predio y residuos
Un capítulo aparte tendrá el medio ambiente. Los concejales de la comisión de Legislación considerarán el pedido oficial para llamar a licitación por la ampliación, operación y mantenimiento del predio de disposición final de residuos. Es un plan con un inconveniente irresuelto: el municipio no consiguió los fondos para financiar la licitación. A eso se suma la desactualización en el monto de los fondos, calculados hace más de un año.
El expediente ya fue aprobado en dos comisiones: Medio Ambiente y Obras. Pero fue un avance promovido por la oposición que puso en evidencia la falta de gestión del gobierno municipal para llevarlo adelante. Después de dialogar el jueves con el presidente del Ente de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao, el concejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández, titular de la comisión de Medio Ambiente, reveló a LA CAPITAL que el municipio sigue sin obtener los fondos. Y pronosticó que el expediente se caerá: “No hay gestión, no contestaron los pedidos para modificar el pliego, no hay nada. Hay que hacer otro nuevo”.
Otro proyecto del gobierno local vinculado con el medio ambiente en manos de la comisión de Legislación es el que promueve regular en el distrito la generación, manipulación, operación, transporte, tratamiento y disposición final de distintas categorías de residuos. Entre otros puntos, establece la obligación de separar los residuos (hoy es sólo una recomendación) y prohíbe la quema de neumáticos.
Las tasas
La administración de Carlos Arroyo está demorada en la presentación de su plan de gobierno para 2018. Pidió una prórroga para el presupuesto y además no envió las ordenanzas fiscal e impositiva, que contendrán un incremento de tasas. Tanto el secretario de Economía como el propio jefe comunal revelaron la intención de que los aumentos sean acotados.
En un principio, trascendió la intención del gobierno de aprobar las normas fiscal e impositiva antes de la renovación legislativa del 10 de diciembre y postergar para después de esa fecha el presupuesto. Pero los tiempos se estrechan cada vez más y cumplir ese objetivo ya no parece posible.
A decir verdad, la renovación parlamentaria no debería implicar ningún trauma para el oficialismo, que mantendrá la mayoría propia en el Concejo.
Un opositor, Santiago Bonifatti (Acción Marplatense), ya solicitó una serie de informaciones sobre el estado financiero del municipio para que sirvan como base de la discusión presupuestaria. Son datos que, en rigor, deben presentarse períódicamente en el Concejo porque así lo disponen ordenanzas vigentes que este año, como si no existieran, el Ejecutivo pasó por alto.